Ingreso Cívico Universal

Ingreso Cívico Universal

“La espada aparece en el mundo porque la justicia atrasada es la justicia negada.”

Pirkei Avot (c. 200)

Desde que empezó la pandemia de coronavirus y se acentuó el desempleo, la pobreza y la miseria en el mundo, se renovó una pregunta muy vieja, que es discutida al menos desde el siglo XVI: ¿van a ir a trabajar las personas si se les da una renta básica universal? La respuesta depende de los detalles.

En los siguientes párrafos procuro dilucidar cómo se puede financiar una fórmula de dignidad básica monetaria y bajo qué estructura podría en Uruguay ser la llave a un estado de bienestar más perfecto y superior.

El ingreso universal puede ser un piso o un techo para el trabajo y la libertad, sustancialmente dependiendo del valor asignado y los requerimientos o condiciones. La discusión en torno a esta herramienta está regida por dos poderosos argumentos opuestos, que son: “la gente va a pelotudear en Instagram todo el día” y “se va a salvar a la democracia”.

Para evitar lo primero y apoyar lo segundo, se necesita además de un esquema financiero sustentable, un modelo que tome en cuenta la psicología local y el comportamiento humano real. El objetivo ha de ser que quien reciba gratis el apoyo estatal, termine aportando de forma tangible y certera a la sociedad que lo ampara.

Esto no puede decirse que lo hayan logrado el conjunto de políticas sociales de casi ningún país. En Uruguay aún son cientos de miles los desamparados por el Estado en sus derechos constitucionales.

Son generalmente los momentos de gran adversidad como las guerras y pandemias, cuando surgen las innovaciones y expansiones de las llamadas “políticas sociales”. Y la madre de todas las políticas sociales,1 el ingreso universal, sufre una inesperada popularidad en el mundo desarrollado.

Antes de la pandemia, su último gran propulsor fue el exprecandidato presidencial y futuro alcalde de Nueva York, Andrew Yang. El político proponía otorgar suficiente dinero para casi superar la línea de pobreza a cualquier habitante de más de 18 años del país. “Capitalismo donde el ingreso no empieza en cero”.

Pero mucho antes, varios premios Nobel de Economía se habían manifestado a favor del ingreso universal, incluido el liberal Milton Friedman. En 2018, Jeffrey Sachs propuso requerir el 1% del valor anual de las fortunas de los 2.208 individuos más ricos del mundo para crear un fondo que bastaría para financiar que cada persona termine secundaria en el planeta y tener cobertura universal de salud para todas las personas del mundo.

Uruguay no puede menos que apoyar estas iniciativas. Aún sin megamillonarios a los que poner impuestos, las posibilidades de financiación de un régimen local existen y no necesitan de gravamen alguno, como argumentaré más adelante. Primero es necesario repasar las experiencias y argumentos entorno a esta política.

En EE. UU., la distribución de la riqueza en forma de pagos directos ha sido impulsada tanto por demócratas como por republicanos, mucho antes de que la pandemia hiciera parecer pragmático y no socialista que el gobierno de Trump ejecutara el primer pago masivo a la población.

Hoy un 55% de los estadounidenses apoya “pagos perpetuos” en general y 85% en contexto de pandemia. Por supuesto, equilibrar dinamismo y solidaridad no tarea sencilla, pero algunos países lo logran excelentemente. Dinamarca por ejemplo, gasta enormes cantidad de presupuesto en recapacitar y orientar a los desempleados.

Pero existe un antecedente americano más ilustrativo. Alaska abolió la pobreza extrema y redujo la pobreza general un 20% con su programa Permanent Fund Division (PFD) iniciado y mantenido desde 1982. Un gobernador republicano (“de derecha”), Jay Hammond, fue quien estableció que cada persona recibiera incondicionalmente más de mil dólares al mes, con los dividendos de un fondo petrolero.

La pregunta que se hicieron fue simple: ¿a quién le damos nuevas ganancias extraordinarias de la explotación de combustibles, al gobierno o a los ciudadanos? Liberales y marxistas estuvieron de acuerdo y convirtieron pronto el PFD en una política sacrosanta para todos.

En poco tiempo mejoraron indicadores de salud física y mental de niños y adultos, así como la nutrición de los primeros y una reducción de las consultas médicas de los segundos. La productividad y la igualdad de género mejoraron, y se sintió el impacto de un mejor empleo y gasto en los barrios.

También bajó la desigualdad, aumentó la natalidad y se redujeron los crímenes y las adicciones. Como cada alasqueño es un feliz accionista del fondo, ningún político podrá desmantelar el sistema. Así fue que un estado clásicamente conservador de EE. UU. llegó posteriormente a apoyar un aumento impuestos para mantener el PFD.

El motivo se entiende intuitivamente: el dinero vuelve como gasto a la economía o como ahorro. Se consume en el almacén, en clases particulares, y en arreglar la pantalla del celular, o evitar soportar situaciones de abuso. El dinero vuelve a la economía del barrio.

El sistema montado por Hammond fue exitoso durante 30 años. No obstante en 2015, tras una caída de los precios del petróleo, los ingresos de Alaska descendieron y el entonces gobernador Bill Walker precisó desviar la mitad del ingreso por PFD para continuar financiando servicios públicos y preservar la sostenibilidad financiera del fondo.

En 2018, el candidato a gobernador Mike Dunleavy, prometió devolver el dinero no pagado por los cortes de Walker, ganando la elección bajo esa consigna. Ya siendo gobernador, Dunleavy tuvo problemas serios para cumplir su promesa y tuvo que recortar servicios públicos.

Es este un potencial peligro para un diseño de ingreso universal: una vez consolidado, puede politizarse en cada elección, alcanzando un involucramiento alto en todo el espectro electoral. Otro potencial riesgo, que ilustra el caso de Alaska, es el de que los orígenes del fondo sean inestables o dependan de una sola fuente.

Por otro lado en Europa, la idea del ingreso universal resultaba impracticable y utópica, pero en mayo de 2020, cosechaba una aprobación del 71%. Al momento de escribir estas líneas, 16 países europeos incluyendo España, y cinco en desarrollo incluyendo Brasil,2 la India e Iraq, se suman a un total de 28 naciones que han experimentado con el ingreso universal.

Otros ejemplos en el mundo incluyen una reciente iniciativa alemana, que catalizó 140.000 donaciones para su financiación. Las personas beneficiadas por un ingreso de la mitad de un salario medio usaron su dinero para educarse. España mantuvo durante la pandemia a 850.000 hogares con medio salario básico, de 1.015 euros. Posteriormente el gobierno decidió que “no será una medida transitoria”.

 Y en Finlandia, un plan piloto generó más confianza a las instituciones y los políticos –en un momento en que la democracia llega a niveles elevados de cuestionamiento en todo el mundo–. Pero no solo los políticos pueden ver desplazado su poder. Desde la academia se ha teorizado que el ingreso universal “contribuye a un desplazamiento en el equilibrio de poder dentro de las relaciones de clase.”

No solo la idiosincrasia primermundista es compatible con un sentido de correspondencia y reciprocidad entre personas, clases sociales y sociedad. En Carolina del Norte se otorga un ingreso incondicional a los indios de las tribus cheroqui desde 1997 y no se constató un descenso de la cantidad de personas queriendo trabajar. En 2008 un pueblito en Namibia desarrolló para los menores de 60 años un plan que redujo drásticamente la desnutrición y mejoró la asistencia escolar.

En todo el mundo, la amplísima mayoría de las personas quieren y necesitan trabajar, y lo seguirían haciendo bajo un  régimen que solo los deje superar la línea de pobreza. No es posible exigirle civismo, perseverancia, orden o progreso a quien no tiene una dignidad monetaria básica. El estereotipo de la vagancia es uno que debe mirarse con lupa para separar lo empírico de lo supuesto.

Las ventajas no solo se miden en menor estrés y ansiedad financiera y la elevación de las condiciones de trabajo precaria, sino en mayor tiempo libre para estudiar, aprender una habilidad, proveer cuidados, pasar con la familia, tomar un trabajo de menor carga horaria, cambiar de trabajo con más libertad o dedicarse a fines creativos.

Estas nuevas libertades son parte de la solución al desafío que plantea la automatización. No es posible recapacitar periódicamente a la población en habilidades blandas y digitales si la persona padece necesidades económicas persistentes.

También es innegable que los pueblos deciden usar su tiempo libre de formas diferentes. China prohibió recientemente a sus ciudadanos jugar videojuegos periódicamente. En el mundo, una persona que empiece a usar redes sociales con 10 años y viva el promedio mundial de 72 años, habrá pasado 6 años y 8 meses en ellas.

 En el caso de Sudamérica, la región con más adicción a redes sociales (3 horas 24 minutos al día), serían 9 años y 4 meses. Los más adictos son los jóvenes argentinos, quienes de mantener el uso diario de redes a lo largo de su vida, pasarán casi 11 años en plataformas sociales.

El problema único más trascendental de la sociedad, que en el ámbito material vuelve inviable todo crecimiento económico a largo plazo, es que dos de cada tres uruguayos no terminó el liceo y tres de cada siete no tiene Ciclo Básico. Incluso entre quienes lo culminan, la formación alcanzada es muy baja para cualquier estándar internacional.

Así, fabricar trabajos dignos, bien pagados, y compitiendo incrementalmente con los trabajadores digitales de todo el mundo, trabajos en los que cada uno pueda ejercer su vocación acordemente, se vuelve un desafío imposible.

Aunque duela admitirlo, los actuales sistemas de educación no logran proteger a los países de la desigualdad y la inestabilidad política. Al menos la evaluación Aristas deja claro que la escuela uruguaya no es más garantía de igualdad, porque la capacidad de un niño de entender un texto depende del nivel socioeconómico y la escuela no revierte esa diferencia.

La desidia con que muchos enfrentan las ocho horas, otros contando los minutos para irse, otros para abusar del paro o de la licencia médica, son causa y consecuencia de una cultura enajenante. La formación estancada, los horizontes sin oportunidades, la viveza criolla y la boludez irreverente vuelven necesario exigir contrapartidas al beneficiario local de un régimen de ingreso universal.3

El mismo no puede asignarse por la mera condición de dignidad inalienable al ser humano, sino como reflejo del compromiso del ciudadano en ser una mejor versión de sí mismo. ¿Se es ciudadano solo por tener 18 años, o por ser un miembro responsable de la sociedad? Revalorizar este concepto es la garantía de integridad del sistema de ingreso universal y a largo plazo, de la democracia misma.

Bajo este ampliado concepto de civismo gratuito y obligatorio, pueden incluirse otras responsabilidades del individuo para con su sociedad. En la cultura de la viveza criolla, es imprescindible unir beneficios con requisitos. Algunas solemnidades son deseables, como votar y jurar la bandera. Realizar una cantidad de cursos acreditables al año mediante plataformas educativas MOOC, realizar un seguimiento de salud propia y de los hijos (como el programa brasilero de Bolsa Família), y completar la educación formal; pueden ser algunos de estos requerimientos.

Para no ser una sociedad que se regala plata con indulgencia o temeridad, sino que presta con la expectativa de una rentabilidad socioeconómica futura, los requisitos deben ser la contrapartida de sostenibilidad a largo plazo del sistema. La incondicionalidad de la transferencia podrán evaluarla otras generaciones, acaso cuando los vivos sean menos vivos.

En el Futuro Cercano (2030-2050), el mayor argumento a favor del ingreso universal es que puede ser la diferencia entre un país de personas formadas y uno de más narcotráfico y desempleo por automatización (la OPP proyecta que el 60% de los puestos laborales actuales van a desaparecer en próximos años).

La crisis social de la insolvencia laboral es una grave, porque ya hay hoy en el mundo cientos de millones en el desempleo o subempleo, en medio de una revolución industrial. Y son demasiados los que creen que el desempleo tecnológico no va a afectar su trabajo tanto como el de otros. Sin embargo, reinventarse cada cinco años no viene siendo una opción para los suburbanos del mundo.

En tal contexto, el ingreso universal y sus contrapartidas son una forma de asegurar la paz social y el acceso a las oportunidades básicas, en ese mundo hiperconectado y posindustrial, en que nuestras dotaciones naturales pasan a un plano secundario. A mediano plazo no están en construcción los fundamentos que vuelvan creíble que Uruguay va a saber crecer y adaptarse al mundo que avanza.

Por el contrario, la automatización de la fuerza laboral introduce un escenario de fabricación de riqueza cada vez más concentrada en industrias nuevas y ciudades globales. La competencia por el capital internacional excluye a los países que no tengan la capacidad de actualizar sus habilidades.

Cuando el ingreso universal es un piso de dignidad, ahorra enormes costos humanos y financieros, con impactos medibles en encarcelaciones, en personas sin techo y en emergencias financieras de todo tipo. La familia y el emprendedurismo se fortalecen, la depresión baja, y es posible romper la economía común entre delincuentes, y también aprovechar mejor talentos e inclinaciones. Posiblemente permita evitar agitaciones y protestas, y mejore el sano sentimiento de pertenencia a un país y contenga los suicidios.

En el ámbito laboral, también ha permitido impulsar la reducción de jornadas a seis horas al día o a 4 días a la semana. Acaso contraintuitivamente, en algunos contextos esto mejoró la productividad considerablemente respecto al formato de 40 horas a la semana. Estas iniciativas también han probado dar resultados muy positivos reduciendo la brecha de ingreso por género, ampliando la diversidad, reduciendo costos de tráfico y mejorando las perspectivas para los jóvenes.

Para muchos que sienten que lo intentan todo pero nunca avanzan, un ingreso universal proporcionado y básico es un apoyo público, psicológico y moral. El UBI sostiene la expectativa de alcanzar metas. El ingreso cívico universal, entonces, puede convertirse en una base desde la que mejorar la productividad, en vez de una licencia para el ocio. Puede ser incluso un régimen que en Uruguay sirva para modificar los comportamientos menos colaborativos de la esfera laboral.4

Cómo calcular exactamente el monto es una cuenta política imprescindible y de categoría constitucional. Para los objetivos de este capítulo, el valor a explorar está en el orden de entre los $1.000 y los $10.000 al mes (entre un ~5% y un 56% de un Salario Mínimo Nacional), y su asignación de forma condicionada a elementos antes descriptos.

El margen elegido busca dar un parámetro incremental de referencia, cuya transferencia alcance para cubrir de forma constante la seguridad monetaria equivalente a un plato de comida diario como mínimo, y como máximo un alquiler básico y las expensas asociadas. ¿Qué fórmulas pueden dar origen a una financiación que no se sustenta aún de la propia formación ciudadana ni una gran riqueza nacional?

En un comienzo, podría evaluarse la actividad comercial presente del Estado. Los ingresos anuales del conglomerado de empresas como UTE y Antel han llegado a representar no menos del 10% del PIB de Uruguay y las ganancias el 1% ($825 por habitante al mes).

Otras fuentes complementarias, y quizá temporales o innecesarias, podrían surgir de réditos del BROU, del ajuste de las alícuotas sobre ganancias de capital o de ampliar un impuesto a las herencias elevadas. Gravar la renta pasiva, y posiblemente los dividendos, es siempre más deseable que hacerlo sobre ingresos tradicionales como salarios y jubilaciones.

Pero en última instancia y a mediano plazo, el sustento financiero es autosustentable, y no necesita de financiación tradicional, aunque requiere una estructura financiera relativamente compleja y completamente nueva. Para describirla, considérese primeramente la idea de Bill Ackman, un multimillonario director de un fondo de cobertura estadounidense. El empresario propone una solución al desencanto con el “Sueño Americano”, que nace de la inequidad.

Su ideación, llamada Birthright, busca invertir un par de salarios estadounidenses promedio por cada niño nacido, en cierto subtipo de fondos de inversión. La persona solo podrá retirar su dinero a los 65 años de edad, y para entonces los dos salarios se habrán multiplicado hasta alcanzar el millón de dólares, bajo parámetros normales de retorno.

Albert Einstein habría dicho “el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo comprende, lo gana; el que no, lo paga.” Aplicando esto a Uruguay, unos 1.800 dólares invertidos por cada niño nacido, se convierten 18 años después, en 6.600 dólares (a un interés anual del 7,5%). El Estado debería invertir 63 millones de dólares para cubrir una generación de 35.000 personas por año, es decir, menos del 2% del gasto en educación.

Al cumplir la mayoría de edad, esta asignación debe efectivizarse de forma condicionada a la finalización de bachillerato (volviéndola un estímulo por la no-deserción educativa se vuelve considerable). Su concepción no es ser un regalo, sino una ocasión para asegurar un subsidio único de capital semilla para emprendedores, debidamente preparados por la educación.

La finalidad del programa es volver al Estado accionista de tales empresas, en una proporción variable y generalmente minoritaria. El Estado no ha de ser administrador ni decisor. Parte de este modelo fue explorado por un programa del gobierno nigeriano en 2011. Apoyado por el Banco Mundial, el país desarrolló un ingenioso plan llamado YouWin!

El objetivo era solucionar el rampante desempleo juvenil. Entregaron más de 100 millones de dólares para la financiación de iniciativas concursables de emprendedores jóvenes, analizando previamente las fortalezas de los planes de negocio en fabricar puestos de trabajo.

Las más de 3.000 empresas creadas fueron ampliamente auditadas y el sistema fue imitado por otras naciones africanas. Algunos expertos occidentales en políticas de empleo llegaron a considerar al plan como “la mejor política de fabricación de empleo de la historia”.

Según el prestigioso inversor estadounidense Mike Maples, solo 12 de cada 10.000 start-ups tecnológicas termina siendo un unicornio, es decir, una empresa nueva valuada en más de 1.000 millones de dólares. Considérese hipotéticamente que en Uruguay terminan el liceo el doble de las personas que lo hacen actualmente, y que se dispone del capital de inversión rentabilizado para cubrir a esos 30.000 bachilleres.

Asociados en grupos de 3 miembros para invertir en una modalidad asistida, 10.000 empresas (desde panaderías hasta empresas tecnológicas) serían lanzadas al año por un costo de de 6.667 dólares por egresado, equivalente al 0,3% (con capitalización) y 1% del presupuesto nacional (sin capitalización) y entre 0,1% y 0,3% del PIB.

Aplicando criterios internacionales de inteligencia de mercado e inteligencia financiera puede darse espacio a lo que no sería un banco ni una agencia de inversión, sino un ecosistema innovador de nueva actividad comercial, que dé surgimiento a grandes y pequeñas empresas, aprovechando el talento y audacia bien cultivados por la educación de los nuevos uruguayos.

En la medida en que el Estado sea accionista de esas empresas, sus ganancias diversificadas pudieran dirigirse a un Fondo Soberano, que tenga por principal objetivo democratizar la dignidad mediante el derecho a réditos financieros pasivos e iguales a todos los ciudadanos; una ventaja del capitalismo que disfrutaban solo quienes tenían el nivel educativo, social y tecnológico para invertir, además de ahorros y otros factores subóptimos en la generalidad de la población.

Un fondo soberano puede resultar extraño en Latinoamérica, donde no es común el aprovechamiento público de herramientas financieras que son más frecuentemente empleadas por corporaciones privadas.5. Sin embargo todos los países desarrollados, de cualquier continente, fundaron corporaciones internacionales públicas y privadas, que disciplinadamente explotan los mejores diseños del capitalismo.

Los fondos soberanos en particular son muy buenos para estabilizar ingresos o la economía misma de los vaivenes del mercado. Pero también se los entiende útiles para aumentar el valor agregado. En 2021, el presidente de Indonesia anunció que pretende aumentar más de dos veces el fondo soberano de ese país, llevándolo a un 20% del PIB en dos o tres años. La novedad del sistema es que permite capitalizarse con inversores privados, que pueden elegir subfondos temáticos como salud o tecnología, incluso proyectos complejos como el desarrollo de una nueva capital para el país.

Si el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega distribuyese sus ganancias equitativamente entre los ciudadanos del país, todos podrían llevar un nivel de consumo mayor al de un uruguayo promedio, sin necesidad de trabajar (por supuesto, no lo hacen). El país nórdico posee hoy el equivalente a varios cientos de miles de dólares por habitante, en inversiones internacionales.

En el modelo uruguayo sin embargo, el Estado no debiera ser accionista de una amplia cartera de empresas. Con suficientes unicornios o empresas mayores, el Fondo Soberano podrá decidir reintegrar la propiedad estatal a los emprendedores que hayan devuelto una o muchas veces la inversión en ganancias.

En cualquier caso, los ingresos corporativos anuales serán variables. El Fondo debe convertirlos en egresos previsibles, trasferencias monetarias estables pero de tendencia incremental. Para hacerlo,  el fondo soberano debiera tener una prudente autonomía política partidaria, como la política monetaria de los países estables.

Para ser realmente soberano, el fondo debe hallar su beneficiario principal en cada ciudadano, y no en el Estado. A largo plazo, esta proporción puede invertirse, pero el ciudadano necesitará siempre ser el centro. Puede ser esta una forma nueva –y tecnológica– de abrirse paso al desarrollo en Latinoamérica en el siglo XXI.

Una evolución en la que el sector público se vuelve un impulsor principal de la innovación y no una estructura burocrática financiada con impuestos sobre esa innovación, deuda internacional cuantiosa, o impuestos al trabajo, la jubilación y el consumo.

Si los ingresos del Estado se financian incrementalmente con ganancias por propiedad de capital compartido con los ciudadanos, el desarrollo puede ser reforzado  por un mercado de capitales hoy casi inexistente en Uruguay. Aunque puede ser deseable que el fondo sea parte de ese ecosistema engrandecido de cotización, su cometido no debe ser el lucro sino la estabilidad cívica. La lección de Alaska es que, para asegurarlo, se debe cortar toda linealidad entre ingresos y egresos del fondo.

Nuestro fondo debe ser capaz de absorber cualquier shock y seguir pagando previsiblemente a los ciudadanos. Para lograr tal nivel de solvencia, las transferencias han de ser una proporción menor de los ingresos, porque solo con ahorros pueden asegurarse in aeternum mínimos sociales incrementales, al estilo de Vaz Ferreira.

Si la pandemia reforma el concepto de dignidad y una nueva sensibilidad sale a su encuentro, se asegurará la oportunidad a cada persona de participar de los éxitos relativos del sistema capitalista, ocasionando así una evolución enaltecedora de prosperidad material y espiritual, que rompa el contagio de muchas formas de violencia que nacen de la privación.

Nos debemos el sinceramiento de que la privación no es una circunstancia ni una decisión, es una omisión del humano particular para con su prójimo, de los Estados para con sus habitantes. Como existen ya ejemplos fructíferos y escalables del ingreso universal, nada debería evitar que inventemos el que nos calce mejor. Esta política no es la panacea, pero es la realización más prometedora de estabilidad perpetua, de quiebre al desempleo estructural y de largo plazo.

En contraste, parece claro que algunas regiones viven por siglos condenadas al subdesarrollo, y algunos países, como Venezuela y Argentina, pasan del liderazgo a la humillación en solo una década. A sus habitantes más talentosos, ¿quién puede decirles que se queden? El ingreso universal, como incentivo lineal asegurado, ofrecería potencialmente una alternativa.

En última instancia, si la patria no deja vivir, quien puede se inspira del tipo de visión existencial del explorador Vasco da Gama, quien dijo famosamente: “no le tengo miedo a la oscuridad, la muerte es preferible a una vida sin vivir”. Extirpadas de sus ciudadanos más preparados, las naciones caídas en desgracia peligran hundir más su destino en aguas oscuras.

El mundo pospandemia se transformará en uno con decenas o cientos de millones de trabajadores móviles, que podrán vivir en cualquier lugar del mundo con buena conexión a internet. Se proyecta que en 2024 el 60% de los empleados estadounidenses serán móviles. A escala mundial, estos trabajadores buscarán lugares atractivos y competitivos en seguridad, salud y entretenimiento.

¿Qué clase de salud y seguridad podremos ofrecer en Uruguay en 20 años sin un ingreso que sea cívico, es decir, universal para los ciudadanos? ¿Y qué ciudadanía o pacto social es posible sin exigir una contrapartida de matrículas o créditos formativos? Si los uruguayos no se educan a lo largo de la vida, nosotros también seremos un país roto.

A medida que siguen emergiendo con crudeza las consecuencias de largo plazo de la pandemia de coronavirus, se reaviva la necesidad revisar las formas de organizarnos y trabajar por el perfeccionamiento del sistema capitalista mundial, cuya evolución natural solo puede ser tecnológica y humanista.

A la gente que no tiene trabajo no le faltan sueños ni ganas, sino oportunidades de superar lo que las vuelve poco cotizables o inempleables. No se trata de actitud ni estudio, sino de responsabilidad pública por aquellos que quedan atrás en un sistema educativo que apenas ayuda y cubre a la parte más joven de la sociedad.

De entre los excluidos, solo una minoría tiene una filosofía de la vagancia que no es fructífera para la felicidad material ni espiritual propia o colectiva. Pero no se le puede pedir a nadie lo que nunca les fue dado. Mucho ha cambiado desde la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética hace tres décadas, cuando la mitad más joven de las personas vivas hoy no había nacido aún.

Esta propuesta, en su posibilidad más amplia, es un aporte más a un movimiento global que surge, treinta años después de la Guerra Fría, para devolver la justicia a los postergados; pero sin aspiraciones revolucionarias, ni de sustitución de un sistema por la prueba de otro.

El sistema de mercado no está en cuestionamiento por buscarse la democratización del capital en montos de supervivencia decorosa y estímulo al emprendedurismo, con fondos que preserven la estabilidad ambiental, den seguridad a las democracias, innovación a las economías y oportunidades a las personas.

El mundo de 2021 tiene mucha riqueza y desigualdad; y enfrenta shocks sanitarios, comerciales y tecnológicos. No pueden ignorarse las consecuencias sociales de largo aliento de estos cambios y esperar que las democracias permanezcan vigorosas. Una nueva agenda política debe asegurar las mejoras estructurales que traigan el crecimiento y el avance tecnológico, pero desacoplado del carbono y de la desigualdad que hoy fabrica el capitalismo por default.

Para restaurar el pacto de solidaridad intergeneracional, y evitar que el que necesita ayuda deba demostrar su miseria, el ingreso universal ofrece una mejor lógica de traspaso. Uruguay debe tener la madurez conceptual y la claridad de acción para hacer del Estado un verdadero escudo de los débiles, que hoy perfilan ser cada vez más.

En el siglo XXI, la riqueza de un pueblo es la materia gris que sabe aprovechar. Los pobres son quienes no tienen la oportunidad de potenciar sus talentos, o siquiera de descubrirlos. Podemos ser un ejemplo para esa Latinoamérica que tanto necesita superar los viejos males del colonialismo. En 2021 queda claro que sin llegar a una base de dignidad común, no hay sociedad sostenible.


1. Los nombres limitan las formas en que vemos las cosas. Por ejemplo en Uruguay contamos con un “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, mientras que la Unión Europea cuenta con una “Comisión de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión” (antes Inclusión se llamaba “Iguales Oportunidades”). Sus ocho directorios incluyen uno de “Habilidades” y otro de “Auditoría y Evaluación”. Japón junta sus ministerios de salud y empleo en uno solo, lo mismo que transporte y turismo o economía e industria.

2. La ciudad de Maricá, Brasil, lleva adelante un programa sin fecha de finalización, por el que otorga a 52.000 habitantes de una ciudad un ingreso básico universal de 130 reales al mes. El equivalente a $1.000 puede ser un excelente punto de partida para hacer en Uruguay nuestro propio experimento en una ciudad a sortear, y desde allí ir aumentando montos midiendo resultados y extendiéndolos sobre el territorio.

3. El gobierno finlandés ha promovido un curso masivo abierto y online (MOOC, por su sigla en inglés), sobre los elementos de la Inteligencia Artificial, que está disponible en español. Los gobiernos latinoamericanos necesitan entender que los MOOCs son la forma más eficaz y moderna de perseguir la actualización, antes innecesaria, de las competencias humanas en este mundo acelerado.

4. Por ejemplo, viabilizando una disminución del ausentismo, que combinado con una reducción de feriados, permita extender la cantidad de días anuales de licencia, aumentando sanamente la discrecionalidad vacacional del empleado.

5. En los países avanzados, los ricos agregan valor genuino con creatividad, productos nuevos, y talento aplicado. En nuestra región, los empresarios son con más frecuencia una “casta extractivista” de rentabilidades (compran molinos para UTE o viviendas para alquilar, por ejemplo). La prosperidad de las naciones depende de la naturaleza de los negocios que lleven adelante sus élites. El capitalismo rentista permite a privilegiados extraer pasivamente de los demás.